Durante las últimas semanas se ha puesto en duda la seguridad de determinados dispositivos de electrónica de consumo en todo el mundo.
Afortunadamente, en el seno de la Unión Europea los consumidores tenemos una razonable seguridad de que los productos que adquirimos no van a darnos problemas de este tipo o de ningún otro y esta confianza se demuestra en cosas como que, pese a los casos de incendios ya mencionados, muchos usuarios se resistían a devolver los productos sujetos a discusión. ¿A qué se debe? A que esto, simplemente, no suele pasar.
Una de las garantías que tenemos sobre esto tiene que ver con las directivas de conformidad europea, la famosa Marca CE, que deben añadir las empresas antes de salir al mercado tras comprobar, bajo su propia responsabilidad, que cumplen las directivas correspondientes.
Si no se cumplen las condiciones mencionadas, el producto, directamente, no puede salir a la venta, para lo cual es preciso que el fabricante elabore una declaración de conformidad. El lector muy interesado en el tema puede echar un vistazo en esta web del Ministerio de Industria a la cantidad de papeleo que hay que entregar para poder hacer las cosas bien y el esfuerzo al que están obligadas las empresas.
Son los estados los que deben asegurarse de que los productos están marcados correctamente, y estos agradecen la colaboración ciudadana en caso de que haya productos dudosos o señalizaciones fraudulentas.
Una curiosa polémica sobre esta materia tiene que ver con el sello vulgarmente conocido como ‘China Export’, que básicamente consiste en el uso de un logo incorrecto con el fin de confundir a las autoridades y a los consumidores.
Bruselas ya ha iniciado los trámites parlamentarios para convertir el logo Marca CE en una marca registrada europea para evitar este uso fraudulento. Pero, mientras tanto, conviene que los usuarios nos familiaricemos con esta picaresca, especialmente si lidiamos con productos chinos que no vengan de marcas de confianza.
Más allá de garantías europeas, no olvidemos que en Europa y en España estamos protegidos por las leyes para la defensa de los consumidores, que nos permiten cosas como devolver el producto defectuoso tras la compra o en los dos primeros años después de la misma.
Aquí tenemos algunas de las cosas a las que obliga la ley española:
- La prohibición de suministro de bienes que carezcan de las marcas de seguridad obligatoria o de los datos mínimos que permitan identificar al responsable del bien.
- La obligación de retirar, suspender o recuperar de los consumidores y usuarios, mediante procedimientos eficaces, cualquier bien o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas.
- La prohibición de importar productos que no cumplan lo establecido en esta norma y disposiciones que la desarrollen.
- Las exigencias de control de los productos manufacturados susceptibles de afectar a la seguridad física de las personas, prestando a este respecto la debida atención a los servicios de reparación y mantenimiento.
- La prohibición de utilizar ingredientes, materiales y demás elementos susceptibles de generar riesgos para la salud y seguridad de las personas. En particular, la prohibición de utilizar tales materiales o elementos en la construcción de viviendas y locales de uso público.
Como vemos, no solo estamos plenamente protegidos, sino que las empresas se juegan mucho con que así sea. No puedo garantizar que cada producto de “electrónica de baratillo” que compres en una web china vaya a ofrecer esa garantía, pero que los dispositivos de marcas serias adquiridas, online u offline, en comercios europeos con garantías básicas, son de fiar. Y en caso de que haya algún problema, te salen los derechos por las orejas a la hora de reclamar.
